Apesar de que el tráfico de seres humanos y la preámbulo, paso y salida ilegal de éstos, a través de la frontera domínico haitiana ha sido ostensible durante mucho tiempo, correcto a que se refiere al principal camino emprendido por narcotraficantes y grupos del crimen organizado para realizar el ilegal negocio, la aplicación de la código penal sancionadora ha sido mínima y vaga.

El mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo en 2022, afirmaba que el Gobierno dominicano “no cumple plenamente las normas mínimas para la asesinato de la comercio de personas”, pero reconocía que la empresa del presidente Luis Abinader “está llevando a lugar esfuerzos significativos para lograrlo”.

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Al nutrir el esfuerzo oficial en el nivel 2, la comunicado estadounidense dio la razón al incremento significativo en la persecución de estos criminales, que incluyó la condena de más traficantes, la transigencia de un refugio específico para la comercio, la restablecimiento de la detección de víctimas, la derivación a la atención y la sumario de datos, la presencia a gobiernos extranjeros en casos de comercio y el registro y la documentación de los migrantes venezolanos vulnerables al tráfico.

La código penal 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Tráfico de Personas, data del 2003, promulgada durante el Gobierno del presidente Hipólito Mejía, pero hasta el 2020 fue aplicada tímidamente, paralizada correcto al tráfico de influencias políticas, el debilidad de la vigilancia marcial en la demarcación fronteriza y la complicidad de las autoridades de turno del ámbito migratorio.

Un avance legislativo en esa materia fue el 2022, cuando las autoridades iniciaron 29 investigaciones sobre comercio de personas, de los cuales 18 casos involucraron comercio sexual con 48 individuos implicados, próximo a otros de explotación sindical y proxenetismo. La honestidad condenó a 10 traficantes en ese período.

Por tales razones, adquiere relevancia la valor fresco de Abinader, que remite al Congreso Franquista un tesina de ley tendente a deshumanizar la persecución penal contra las diversas modalidades criminales del tráfico de personas.

En ese sentido, la actividad ilícita de migrantes superará la pena de entre 10 y 15 primaveras de apartamiento y multa situada en el rango de 150 y 250 salarios mínimos, para oscilar a partir de ahora entre 12 y 20 de prisión y multas de 750 a 1,500 salarios mínimos del sector sabido, por otra parte de la novedosa consecuencia de imponer la inhabilitación de los derechos de ciudadanía, aspecto que constituirá un patada legal demoledor contra los traficantes y cómplices dominicanos.