Me lo pregunté antaño, y me lo cuestiono ahora, si era necesario crear un Tribunal Constitucional cuyas decisiones son inapelables y definitivas, de cumplimiento obligatorio, si no le estábamos dando demasiado poder a 13 ciudadanos que no fueron elegidos por el voto popular, sino por el Consejo Doméstico de la Magistratura (CNM) por nueve primaveras, más tiempo que el propio víscera que los escoge, presidente de la República, senadores y diputados que tienen un mandato de tan pronto como cuatro primaveras.

En términos llanos, esos 13 ciudadanos se convierten en “Ley, Vara y Constitución”, pues no hay otras instancias. Sus decisiones son definitivas e inapelables, lo dice la Carta Magna: “Habrá un Tribunal Constitucional para respaldar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía y administrativa y presupuestaria”. (En pocas palabras, creamos un monstruo político procesal que, sin ser escogido por el pueblo, se coloca por encima del pueblo mismo).

Como debemos conocer, los integrantes del Tribunal Constitucional no están por encima de los intereses políticos, económicos y sociales de grupos económicos y políticos determinados. Responden a intereses específicos. No son “apolíticos” ni “independientes”, porque esa categoría social no existe ni ha existido nunca, según aprendimos desde los tiempos aristotélicos.

Hoy estamos en presencia de un problema sobrado serio, que atenta contra los partidos políticos y contra la democracia. Estamos a las puertas del caos y el desorden con las candidaturas independientes aprobadas por el Tribunal Constitucional, que, en su intrepidez, se coloca por encima de la Constitución que debe proteger y defender.

En cualquier caso, debo aseverar que, para instituir las candidaturas independientes, aboliendo de paso las funciones de los partidos, debería producirse una modificación de la Constitución, modificar la ley Electoral, la Juntura Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Ley de partidos y movimientos sociales, etc.

El Tribunal Constitucional, Consejo Doméstico de la Magistratura, la Suprema Corte de Razón, ni siquiera el Congreso a través de la Asamblea Doméstico, puede cambiar o modificar la Constitución sin cumplir con los reglamentos que ella misma establece. Los partidos están constitucionalizados.

Artículo 216 dice: “La ordenamiento de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es librado, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto y la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley.