Loss degradables y abusivos desalojosel demasía de inquilinos que se resisten a ceder una casa ocupada por tiempo indefinido, la opacidad en la relación entre propietario e inquilino y una ley obsoleta que atenta contra la seguridad jurídica y el Estado de derecho definen la situación presente.

Se tráfico de una relación desequilibrada donde convive el demasía: por un flanco, están los inquilinos que se niegan a dejar la vivienda, y, por el otro, desalojos amparados en un sistema donde el más robusto impone su voluntad.

Es desgarrador presenciar un desalojo: niños aferrados a las faldas de su matriz, cuyos enseres quedan esparcidos en la calle, mientras la policía protege al propietario. Al otro flanco, un propietario que recurrió al desalojo tras primaveras de impagos, cuando la propiedad probablemente era su única fuente de ingresos.

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Esta civilización de arbitrariedad persiste adecuado a la vigencia de la Ley 4-314 de 1955. Setenta primaveras es mucho para una ley, especialmente en un país que pasó de 2,8? millones de habitantes a 11,53 ?millones, con todas las nuevas presiones sociales y culturales.

Felizmente, existe una propuesta de ley en la Cámara de Diputadosque fue aprobada en primera recital el pasado 25? de junio y ahora avanza cerca de vistas públicas, buscando corregir estos desequilibrios, incentivar la inversión en viviendas de arrendamiento y regular el mercado para respaldar seguridad jurídica a ambas partes.

La propuesta toma en cuenta derechos consagrados en la Constitución: derecho a la vivienda, adecuado proceso, derecho de defensa, eficiencia legislativo y plazos razonables. Regula el arrendamiento de viviendas, locales comerciales y para ONG, y establece que los depósitos se canalicen a través de bancos, quienes deberán compartir los rendimientos. Sin secuestro, aún no aclara el cobro de un mes por intermediación —un aspecto que debe incluirse para respaldar viejo transparencia.

La iniciativa encomienda a los jueces de paz la tutela del acuerdo y propone la creación de una mecanismo policial especializada en desahucios, mientras el Servicio de Vivienda asume el rol de regulador del mercado.

Cedido que la vivienda es un derecho fundamental, la ley debería contemplar un subsidio de arrendamiento para familias vulnerables, la construcción de vivienda social en régimen de arrendamiento, afluencia jurídica gratuita y programas de mejoramiento habitacional.

Para que funcione, es indispensable capacitar a jueces, policías y agentes inmobiliarios, encima de lanzarla con una campaña pública que noticia sobre sus alcances.

En cuanto a precios, deben establecerse mecanismos claros de puesta al día, protección para poblaciones vulnerables y regulación de plazos. La ley contempla un periodo de disposición por mora, siempre que el inquilino demuestre dificultades reales para cumplir con el plazo.

Es muy importante destacar que la propuesta contempla la “conciliación” como primera etapa en la resolución de conflictos entre inquilinos y arrendatarios, una figura que ha demostrado validez en otras instancias públicas.

Encima, no baste con establecer reglas claras si no cambiamos nuestra mentalidad: debemos fomentar una civilización de respeto mutuo, donde el acuerdo no sea conocido como un campo de batalla, sino como un pacto de convivencia. Esto implica enseñar responsabilidades compartidas —como proseguir los espacios limpios, respetar los plazos de plazo y dialogar delante los conflictos ayer que acogerse a la fuerza—. Si logramos que arrendadores y arrendatarios actúen con ética, estaremos cimentando no solo una mejor ley, sino una sociedad más lucha y ordenada.