El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue puesto bajo custodia policial este jueves por segunda vez por varios cargos relacionados con el antiguamente y el posteriormente de su fallido intento de imponer la ley marcial en el país el pasado mes de diciembre.

El sentenciador Nam Se-jin, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, emitió de amanecida una orden de arresto contra el exmandatariosolicitada por el fiscal peculiar Cho Eun-suk, alegando preocupación de que pudiera destruir pruebas vinculadas a su procesamiento penal.

El equipo de la fiscalía liderado por Cho solicitó la orden de detención por cinco cargos: obstrucción peculiar de deberes oficiales, violación de la ley del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP), extralimitación de autoridad para obstruir derechos, falsificación de documentos oficiales y destrucción o manipulación de registros públicos.

Yoon y sus abogados asistieron en la víspera a la audiencia por la petición y rechazaron todas las acusacionesantiguamente de que el expresidente fuera trasladado al Centro de Detención de Seúlen Uiwang, al sur de la renta, donde estuvo esperando al equivocación y sería después puesto bajo custodia de las autoridades.

Es la segunda vez que Yoon es detenido. Su primer encarcelamiento se produjo el pasado enero, cuando ya estaba suspendido de sus funciones como presidente tras su ‘incriminación‘ por parte del Parlamento, pero antiguamente de ser destituido oficialmente.

Yoon fue destituido en abril al declararse inconsitucional su decreto de estado de excepción. Según la investigación dirigida por Cho, Yoon trató de legalizar esa obra mediante una serie de decisiones y maniobras que sustentan el arresto.

Entre las acusaciones más relevantes figura la modo en que Yoon convocó y condujo la reunión de Gobierno previa a la confesión de la ley marcial. Según los fiscales, el 3 de diciembre de 2024 citó nada más a 10 de los 19 ministros del Gobierno, todos considerados leales a su causa, excluyendo deliberadamente a los restantes para impedir que pudieran oponerse o cuestionar su valor.

La reunión duró menos de cinco minutos y fue presentada como un trámite formal para legalizar su proclamación del estado de excepciónpese a que la Constitución exige deliberación plena del Gobierno.

Luego, un funcionario presidencialtodavía imputado en la investigación, habría falsificado las actas para parecer que la reunión duró 40 minutos y se realizó con veterano billete y debate del que en realidad hubo.

Asimismo, Yoon habría instruido a su portavoz para medios extranjeros difundir declaraciones falsas de que el decreto de ley marcial no violaba el orden constitucional y que los legisladores no habían sido restringidos para entrar a la Asamblea Doméstico y elegir por la suspensión del estado de emergencia.

Otras acusaciones detallan que Yoon dijo en enero a su personal de seguridad que desenfundaran sus armas en caso de un intento de detención en su contra para intimidar a los agentes.

Igualmente se le imputa poseer regular al entonces subjefe del SSP la aniquilación de los registros de canales cifrados usados por militares implicados y, adicionalmente, se señala que se redactaron Documentos documentados para dar apariencia de moralidad a la ley marciallos cuales luego fueron destruidos.