SANTO DOMINGO.- La empresa Dekolor, que ofrece el servicio de audición de las licencias de conducir, calificó este miércoles de infundada la querella interpuesta en su contra por el Instituto Doméstico de Tránsito y Transporte Terrenal (Intrant) y su director ejecutor, Milton Morrison, por soborno, lavado y chantaje, al tiempo que aseguró que esta institución le adeuda 670 millones de pesos.

El Intrant presentó el 4 de julio en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) una querella en contra de dicha firma que incluye al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña, y a la director universal de la compañía, Sandra Oruña.

A través de un comunicado, el Intrant denunció una supuesta trama de intentos de soborno por parte de la empresa, que incluyen sumas de hasta un millón de dólares y 3,000,000 pesos mensuales, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de cuartos en efectivo a funcionarios claves de la institución.

«El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un convenio estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de audición y renovación de licencias de conducir en todo el país», aseguró.

No obstante, la empresa afirmó este miércoles en un comunicado que la instancia presentada «es en represalia» por acaecer denunciado «las inconsistencias en el pliego de condiciones de la nueva oferta» para la audición de las licencias de conducir, un proceso que consideró «diseñado para impedir su billete en condiciones de igualdad».

«Dekolor rechaza enfáticamente cualquier insinuación de acaecer recurrido a estrategias de soborno, chantaje, estafa, amenazas o lavado de activos», indicó en el comunicado el representante permitido de la empresa, Marino Oportuno Rodríguez

Desde 2022, según el abogado, el Intrant ha acumulado una deuda con Dekolor que asciende a más de 670 millones de pesos, «sin que esto haya afectado la calidad del servicio prestado».

De acuerdo con el Intrant, el convenio, suscrito originalmente en enero de 2020 por un periodo de cinco primaveras, incluía la despacho de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias.

A pesar de acaecer sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa procuraba extender su vigencia sin sobrevenir por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la flagrante dirección institucional, agregó.