SANTO DOMINGO.- Poco o casi carencia, ileso la devolución de poco de lo robado, ha sido el resultado de lo que se ha rematado en la lucha contra la corrupción administrativa en los últimos 65 abrilesa posteriori del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicanasegún estadísticas de los archivos que desde ese entonces hasta la vencimiento han sido llevados a la jurisprudencia.

De los casos actualesni siquiera se retraso que sus actores principales caigan presos cuando se produzca una sentencia definitivaya que, cuando eso ocurra, las plumas que se les impongan las habrán cumplido bajo la modalidad de medidas de coerción de prisión domiciliaria.

El diario El Franquistaa través de una entrega de cinco trabajos, hará un recuento de lo que ha ocurrido con los casos de corrupción que se han presentado en las últimas seis décadas y media, como forma de demostrar que no ha pasado carencia, ileso la pérdida de billete que implica aceptar un proceso en los tribunales.

Puede repasar: Tribunal Constitucional confirma descargo definitivo en caso Odebrecht por error de identificación de sobornados

Númerosos casos de corrupción, como los de Trujillo, siguen sin jurisprudencia efectiva

Excepto raras excepciones, como los expedientes de Bahía de las Águilas y entre yoha sido muy poco lo que ha ocurrido con ese tipo de casos en los tribunales dominicanos.

Veamos: Primer caso, los Trujillo. Tras la caída de la dictadura trujillistaen 1961, se presentó el primer gran esfuerzo sumarial para castigar la corrupción y el lucro ilícitoencarrilado a la confiscación de los fondos de la clan del tirano y sus colaboradores más cercanos.

Se trató del primer y más significativo horario de oficina de los últimos 65 abriles, amparado en la Ley No. 5785 sobre Confiscación de Riqueza de Trujillosus familiares y personas que se enriquecieron ilícitamente.

Semanas a posteriori de la salida de los Trujillo del país, en noviembre de 1961, el Consejo de Estadopresidido por Joaquín Balaguer y luego por Rafael F. Bonnellyse vio presionado por la movilización popular para recuperar el patrimonio doméstico.

El objetivo principal era desmantelar el centro crematístico de los Trujilloque representaba casi el 60 % de la capital dominicana. Con esos fines, se creó la Compañía Común de Riqueza Nacionales para administrar las propiedades recuperadas.

Aunque el expediente se basaba principalmente en la recuperación del patrimonio de los Trujillolos imputados principales que figuraban en el mismo eran Ramfis Trujilloacentuado de malversación de fondos públicos y crímenes de cepa; Petán Trujillo y Héctor “Enojado” Trujilloimputados de lucro ilícito y control de monopolios estatales.

Como ocurre en la contemporaneidad, el proceso no resultó en sentencias de calabozo efectivas para los principales actores, puesto que huyeron a países como Francia, España y Estados Unidosllevándose consigo casi la totalidad del patrimonio hurtado. Lógicamente, todo eso ocurrió con la complicidad de jueces que les sirvieron a la dictadura.

Las empresas recuperadas de ese primer expediente pasaron a formar parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE)que agrupaba desde fábricas de clavos hasta ingenios azucareros.

En la segunda entrega escribiremos sobre el segundo caso de corrupción ocurrido en República Dominicana y sus resultados.