El movimiento cívico no partidista Décimo Ciudadana manifiesta su profunda preocupación en presencia de la aprobación en primera lección por parte del Senado de la República de un esquema de reforma al Código Penal que contiene múltiples disposiciones que consideramos graves retrocesos en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y llegada a la ecuanimidad.

Si adecuadamente reconocemos la urgente exigencia de dotar al país de un nuevo Código Penal que permita confrontar de forma adecuada los delitos complejos que hoy afectan a nuestra sociedad, tales como el crimen organizado, los delitos tecnológicos, medioambientales y nuevas formas de corrupción, advertimos que en el mismo han sido incluidos aspectos sumamente peligrosos para la democracia y el Estado de derecho.

Preocupaciones principales del esquema apto:

Exención de responsabilidad penal a instituciones públicas y privadas, como el Estado, los ayuntamientos, juntas municipales, iglesias y partidos políticos, lo cual constituye una violación al principio constitucional de igualdad en presencia de la ley, creando privilegios, propiciando la impunidad y la descuido de rendición de cuentas.

Penalización del frustración sin incluir las tres causales: Se establece pena de prisión de 1 a 2 abriles para las mujeres que interrumpan un apuro, sin excepción alguna, ignorando una conquista de nivel mundial en los casos en que la vida de la raíz esté en peligro, sea producto de violación, incesto o se compruebe inviabilidad fetal. Solo se contempla una eximente limitada para los médicos, sin aceptar el derecho de las mujeres a osar sobre sus cuerpos en situaciones extremas.

Retrocesos en el combate a la corrupción, pues se ignora la solicitud de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio manifiesto, por tratarse de casos de lesa humanidad que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto y son responsables de la carencia de medios públicos destinados a la salubridad y otras evacuación prioritarias.

Persistencia de la potestad marcial: Se mantiene la competencia de los tribunales militares para conocer infracciones penales de policías y militares, a pesar de la sentencias TC/0350/19 del Tribunal Constitucional que dispuso:  “que los tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de adoptar las medidas preliminares y conocer de las infracciones que se deriven de un ilícito burócrata disciplinario, estándole coto emitir aquellas medidas y actuaciones que son propias de los procesos penales, las cuales solo pueden ser dispuestas por los órganos que conforman el Poder Legal, en el contexto de procesos donde se esté ventilando el conocimiento de una descuido penal que constituya una infracción al régimen penal marcial o policial.”

Espionaje: El texto apto es ambiguo y se podría prestar para restringir el examen del periodismo, la atrevimiento de prensa, el llegada a la información el derecho a la privacidad y la lucha por los derechos humanos.

Retrocesos en la protección frente a la discriminación:

Se excluye la orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación, lo cual atenta contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución.

Se permite la discriminación bajo conceptos ambiguos como “atrevimiento de conciencia y de culto” o “buenas costumbres”, que históricamente han sido utilizados para discurrir actos de salvedad.

La persecución penal de la discriminación se condiciona a que haya una denuncia previa, dificultando el llegada a la ecuanimidad para personas vulnerables.

Sencillez de expresión en aventura: Se mantienen penas privativas de atrevimiento por difamación (de uno a dos abriles) e injuria (hasta un año), contrariando la tendencia regional e internacional a despenalizar estas figuras y tratar estos conflictos en la potestad civil. El uso del derecho penal para silenciar voces críticas afecta gravemente la atrevimiento de expresión y de prensa.

Llamado al Congreso Doméstico

Delante este panorama, Décimo Ciudadana hace un llamado al Congreso Doméstico, en particular a la Cámara de Diputados, para que se actúe con responsabilidad democrática y rada un espacio positivo de diálogo que produzca un Código Penal que fortalezca la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, adscrito con los principios constitucionales y los estándares internacionales.

Finalmente exhortamos al presidente Abinader a ser coherente con sus promesas de campaña y en caso de que sea apto el Código Penal con todas estas fallas, utilice su derecho constitucional a observarlo y solicitar al Congreso las modificaciones que señalamos.